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Jayapura (Agencia Fides) - Ver zonas forestales y aldeas indígenas pacíficas ocupadas al improviso por el despliegue masivo de unidades militares en Papúa se ha convertido en una constante que trastorna la vida de toda la región, que posee un valioso patrimonio humano y natural. Esto ha sucedido recientemente en cinco aldeas del distrito de Oksop, en el centro de Papúa, perteneciente a la diócesis de Jayapura. A finales de noviembre, los habitantes huyeron a zonas vecinas como el distrito de Oksibil debido al despliegue militar.
“La presencia de los militares en Oksop ha generado miedo e inseguridad en la comunidad. Acciones como el uso de iglesias y otras instalaciones públicas sin permiso han agravado la situación”, explica a la Agencia Fides el p. Alexandro Rangga OFM, Director de la Comisión “Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de Papua. Según el informe, hay unas 300 personas desplazadas en aldeas cercanas, mientras que otras permanecen escondidas en los bosques.
El problema principal, señala el franciscano, radica en el enfoque militar con el que el gobierno central implementa proyectos nacionales en Papúa. La masiva presencia militar suele generar conflictos de intereses y operaciones cuestionables. Una nota oficial de la diócesis de Jayapura confirma que “la situación de seguridad sigue siendo desfavorable”. Las comunidades desplazadas se muestran reacias a regresar por temor, especialmente tras el aumento del número de tropas en la zona entre el 13 y el 15 de enero de 2025.
“Los desplazados han vivido experiencias traumáticas al abandonar sus hogares”, señala Rangga. Ante esta emergencia, la Iglesia de Jayapura y la Comisión instan al gobierno a retirar las tropas de Oksop, abrir un espacio de diálogo para una solución pacífica y proporcionar asistencia humanitaria adecuada a los refugiados. Según el franciscano, el diálogo es la única vía para lograr una paz sostenible.
La situación en Papúa ha empeorado en los últimos años. Aunque el gobierno ha cambiado su discurso de “seguridad” por el de “bienestar”, la implementación de proyectos sigue dependiendo de los militares, perpetuando el trauma de la población. Rangga estima entre 60.000 y 100.000 los desplazados internos, principalmente en Maybrat, Kiwirok e Intan Jaya.
Desde 2020, el gobierno indonesio ha impulsado plantaciones de aceite de palma en Papúa Occidental sin el consentimiento de los pueblos indígenas, utilizando autoridades locales y militares para expropiar tierras, lo que genera tensiones y descontento. La Comisión ha informado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre problemas relacionados con la propiedad ancestral, las desigualdades y el acceso a servicios básicos.
Las tensiones actuales tienen sus raíces en el controvertido referéndum de 1969 que incorporó Papúa a Indonesia, lo que marcó el inicio de décadas de empobrecimiento y marginación de los indígenas.
El auge de grupos separatistas armados (como el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental, TPN-PB, brazo armado del Movimiento de Liberación de Papúa) ha desencadenado un conflicto de baja intensidad que ha provocado la huida de miles de personas de sus hogares, complicando aún más la vida en una región ya marcada por problemas de subdesarrollo.
Además, los proyectos de explotación de los recursos naturales (aceite de palma, cobre, oro y gas) no benefician a los papúes, quienes padecen la destrucción ambiental y problemas de salud.
Por otro lado, el programa de migración interna de Yakarta (Transmigrasi) ha alterado la composición demográfica de Papúa, debilitando la posición socioeconómica de los indígenas y limitando sus oportunidades de empleo. “Nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra”, denuncian los nativos.
(PA) (Agencia Fides 17/1/2024)
