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Archdiocese of Mandalay
Por Paolo Affatato
Mandalay (Agencia Fides) - Cuando, en la tarde del 14 de febrero, el comando de diez personas armadas llegó a la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en el pueblo de Kangyi Taw (distrito de Shwe Bo, en la región de Sagaing), don Donald Martin Ye Naing Win, sacerdote de 44 años de la archidiócesis de Mandalay, se enfrentó sin miedo a los diez milicianos que se presentaron de forma amenazadora.
Además, habían amenazado y silenciado a dos mujeres, profesoras y colaboradoras de la comunidad parroquial, que se encontraban en el recinto de la iglesia y ayudaban al párroco a organizar el servicio escolar informal que prestan a la comunidad unas cuarenta familias católicas.
En la región de Sagaing, afectada por los enfrentamientos entre el ejército birmano y las fuerzas de la resistencia, el sistema estatal está colapsado, no hay servicios públicos y la educación sólo prosigue gracias a iniciativas espontáneas esporádicas como las de las parroquias.
Las dos mujeres testigos de los hechos, que ahora se encuentran en un lugar protegido por razones de seguridad, son las que relatan los detalles de lo sucedido. Su testimonio, compartido con la Agencia Fides, ha llegado ya al Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), en el exilio, del que dependen las Fuerzas Populares de Defensa (FDP), que controlan el territorio, en lo que se definen como “zonas liberadas”, es decir, zonas arrebatadas por las fuerzas de la oposición al control de la junta militar.
Según el testimonio de las dos mujeres, los atacantes, en evidente estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas, procedían de un pueblo vecino. No está claro el motivo de la agresión, pero en cuanto se encontraron cara a cara con el sacerdote, el líder del grupo le ordenó arrodillarse. Don Donald, persona de fe y caridad, les observó y, manteniendo la mansedumbre y la paz interior que le distinguían como hombre y sacerdote de recta conciencia, respondió pacíficamente: “Sólo me arrodillo ante Dios”. Y luego reanudó suavemente: “¿Qué puedo hacer por usted? ¿Hay algún asunto del que podamos hablar?”.
Al oír sus palabras, uno de los hombres le golpeó por la espalda con un puñal que aún llevaba enfundado. Pero al blandir esa arma, golpeó también sin querer al jefe del grupo armado. Éste, ya en estado de embriaguez y furioso, también como consecuencia de la respuesta del P. Donald, sacó un cuchillo y comenzó a ensañarse con el sacerdote, golpeándole repetida y brutalmente en el cuerpo y la garganta. Donald no pronunció ni una palabra ni un gemido. Sufrió la violencia sin sentido sin reaccionar, como un hombre inocente, “como un cordero al matadero” repiten los testigos. Los otros hombres se quedaron mirando cómo se cometía el asesinato. De los repetidos golpes en la garganta, la cabeza quedó casi separada del cuerpo, en un lago de sangre. Una vez consumado el crimen, el grupo de hombres se alejó.
Las mujeres dieron la voz de alarma llamando a los aldeanos que, en medio de la conmoción y el llanto, recogieron, lavaron y honraron el cuerpo sin vida. Enseguida se alertó a los militares de las Fuerzas de Defensa Popular, que localizaron y detuvieron a los agresores. El testimonio de las dos mujeres fue grabado y enviado al Gobierno de Unidad Nacional, que -según un comunicado- se ha declarado “profundamente entristecido por el asesinato del párroco Donald Martin de Mandalay” y se compromete a “castigar a los autores del asesinato de acuerdo con la ley”. “Las Fuerzas de Defensa Popular (FDP) del distrito de Shwebo detuvieron el mismo día a 10 sospechosos”, iniciando las investigaciones pertinentes, prosigue el texto. “Los acusados - informa la nota del NUG -, pertenecen a un grupo de defensa local. Dado que se sabe que son fuerzas armadas, el Gobierno de Unidad Nacional y el Ministerio de Defensa emprenderán acciones legales aplicando la ley prevista para los militares”. “El Gobierno de Unidad Nacional”, concluye, “condena enérgicamente los ataques contra civiles, incluidos los líderes religiosos, por parte de cualquier organización”.
Como explica la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), en las zonas controladas por la resistencia - que son una especie de Estado paralelo - “no existe un marco jurídico definitivo que oriente la gobernanza, la administración y la legislación”. En algunas zonas liberadas, “existen sistemas judiciales con jueces de distrito que establecen un proceso, aplicando en algunos casos sus propios marcos jurídicos”.
En el contexto actual, por otra parte, “es difícil elaborar y aplicar leyes completamente nuevas y, en consecuencia, las leyes nacionales promulgadas y modificadas por el ejército en años pasados para Myanmar siguen utilizándose en muchas zonas liberadas”. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para aplicar selectivamente aquellas leyes que “se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos”, prestando atención a las leyes promulgadas por las juntas militares que se han alternado en el país y que otorgan “un poder excesivo a las autoridades y castigos desproporcionados”. La AAPP señala la necesidad de una “reforma judicial integral”, de “un sistema justo y equitativo” en el que ningún órgano (jueces, órganos administrativos, policías locales y otros grupos armados), independientemente de su estatus, “esté por encima de la ley”.
Mientras tanto, se señala, cualquier persona acusada de un delito debe tener la oportunidad de defenderse. Actualmente, en las zonas liberadas, un juez de distrito tiene autoridad para imponer la pena de muerte. Si el acusado es condenado a muerte, no tiene derecho de apelación de facto.
(Agencia Fides 19/2/2025)
