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Catholic University of Malawi
Lilongwe (Agencia Fides) – “Este año, la Iglesia celebra un año jubilar con el tema: 'Peregrinos de la esperanza'. Como facultad, ¿no podríamos ir a nuestras cárceles y ayudar a liberar a aquellos que no deberían estar allí?”, ha planteado el padre Wilfred Sumani, Vicerrector en funciones de la Universidad Católica de Malawi, durante su discurso a los estudiantes de la Facultad de Derecho, que se preparan para la competición Moot Court, en la que equipos de estudiantes de derecho simulan juicios penales.
Con esta reflexión, el padre Sumani ha instado a los estudiantes a participar en la defensa pro bono de los presos que no pueden permitirse un abogado.
El abogado Noel Chalamanda, responsable del curso de formación, se ha comprometido a asumir varios casos gratuitamente: “Llevaré diez casos en este desafío y pediré a los estudiantes que me ayuden con los aspectos burocráticos”.
En Malawi, existen numerosos casos de detenciones basadas en investigaciones deficientes, a menudo dirigidas contra personas de escasos recursos. Esta situación contribuye al hacinamiento en las celdas policiales y las prisiones del país.
A pesar de las reformas legislativas y de la afirmación constitucional del derecho de los pobres a una defensa jurídica, en la práctica este derecho sigue siendo limitado. Además de los costes asociados a los abogados, los implicados en un proceso judicial deben afrontar otros gastos logísticos. La mayoría de la población sigue viviendo en áreas rurales, donde la falta de instalaciones jurídicas funcionales es una de las principales barreras para el acceso a los tribunales.
En las zonas rurales, el tribunal de distrito más cercano puede estar a 25-40 kilómetros de distancia, y la mayoría de los aldeanos no pueden permitirse un vehículo personal. El transporte público en las áreas rurales es prácticamente inexistente, por lo que las únicas opciones son caminar, montar en bicicleta o hacer autostop hasta el tribunal. Además, es necesario llegar con varios días de antelación al juicio, lo que implica gastos adicionales de comida y alojamiento.
El gobierno asigna recursos insuficientes para la asistencia jurídica a los ciudadanos pobres, lo que hace que la defensa efectiva sea prácticamente inaccesible para la mayoría de los acusados. Además, el Colegio de Abogados de Malawi no parece apoyar con fuerza la práctica de la defensa pro bono.
La iniciativa del jubileo impulsada por la Universidad Católica de Malawi representa, por tanto, un intento de revertir esta situación y ofrecer esperanza a aquellos que no tienen acceso a una defensa justa.
(L.M.) (Agencia Fides 3/4/2025)
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