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Manila (Agencia Fides) - En una nación polarizada por el caso del ex presidente Rodrigo Duterte, acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad durante su “guerra contra las drogas” (véase Fides, 11/3/2025), la Iglesia católica en Filipinas ha intensificado sus esfuerzos para recuperar la unidad nacional.
Con la sociedad profundamente dividida en vísperas de las elecciones de mitad de mandato en mayo, el cardenal José Advincula, arzobispo de Manila, ha llamado a los fieles “a trascender las diferencias y buscar la conversión hacia la verdad, la justicia y la paz”. Como signo de este compromiso, en un llamamiento público ha solicitado una “Oratio Imperata”, una oración obligatoria que se recitará diariamente en todas las misas a partir del tercer domingo de Cuaresma.
“Nos humillamos hoy ante ti, confiando en tu promesa de sanar nuestra tierra. Extiende una vez más tu mano poderosa y guía a nuestra nación en este tiempo de crisis, conflicto y confusión”, dice el texto de la oración. Y continúa: “Que la luz de la verdad brille como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, para guiarnos por el camino que conduce a la unidad y a la paz”. “Que brote la justicia, abriendo el camino a la curación y a la reconciliación... Que este Año Jubilar nos inspire a caminar juntos como un solo pueblo”, reza la “Oratio imperata”.
En la comunidad católica, este tiempo -que coincide con la Cuaresma- se vive como una oportunidad de conversión. La detención del ex presidente Rodrigo Duterte en La Haya puede ser una “gracia especial”, “una oportunidad espiritual”, ha afirmado Mons. Patricio Buzon, obispo de Bacólod, invitando a los partidarios de Duterte a “cambiar de perspectiva”. “El tiempo pasado en la cárcel es un momento más poderoso que cualquier retiro espiritual”, ha dicho el obispo Buzon, añadiendo: “Duterte es, después de todo, un hijo suyo. Dios quiere que se salve porque 'Dios no se complace en la muerte del malvado sino de que se convierta de sus caminos y viva' (Ez 18:23)”. El obispo ha estigmatizado “el fanatismo ciego que nos está desgarrando como pueblo” y ha afirmado: “Es hora de poner nuestro amor a la patria por encima de cualquier lealtad política”.
Entre las medidas disidentes ideadas por los partidarios de Duterte figura la llamada “Semana de remesas cero”: los grandes grupos de filipinos en el extranjero -más de 10 millones de personas- planean, como forma de protesta, especialmente en Europa, bloquear las remesas, es decir, las aportaciones económicas enviadas a casa, que constituyen una ayuda fundamental para la economía nacional. La medida tendría un impacto negativo en miles de familias filipinas.
Mons. Ruperto Santos, obispo de Antipolo, ha declarado al respecto: “Una congelación de las remesas, aunque sea temporal, podría trastornar la vida de estas familias, dejándolas vulnerables y con dificultades para llegar a fin de mes”. Además se teme un “efecto dominó” en las empresas y comunidades que dependen de ese flujo financiero.
“Como obispo, hago un llamamiento a la unidad y al diálogo. Busquemos formas pacíficas y constructivas de abordar los problemas, sin causar daño a nuestras familias y a nuestra nación”, con el fin de “fomentar la curación y promover el bien común”.
Por otra parte, en la isla de Mindanao -la zona donde Duterte cuenta con mayor apoyo-, el arzobispo de Cagayán de Oro, Mons. José Cabantán, ha desmentido las afirmaciones que circulaban de que se estaba celebrando una misa diaria en la catedral con la intención de “pedir el regreso del ex presidente Rodrigo Duterte a Filipinas”.
La celebración eucarística, como todas las misas, “no está dedicada a ninguna persona, grupo o causa política en particular”, ha escrito. Además, el arzobispo ha subrayado el compromiso de la Iglesia con la neutralidad y con garantizar que “los lugares de culto sigan siendo espacios de fe, reflexión y unidad”, instando a los fieles a “apoyar la paz, la unidad y la justicia”.
Mientras tanto, en política interna, la Oficina Presidencial del presidente Ferdinand Marcos Jr. ha reiterado que no cooperará con la Corte Penal Internacional en los cargos de crímenes contra la humanidad presentados contra el ex presidente Rodrigo Duterte, “ya que Filipinas no reconoce la jurisdicción de la CPI”.
El gobierno ha rechazado las acusaciones de que la entrega de Duterte a la CPI se debiera a las desavenencias entre Marcos y Duterte, subrayando que “la detención no tenía nada de personal”.
Otros políticos han subrayado que “más allá del beneficio político, la soberanía del país y el interés nacional deben prevalecer”.
(PA) (Agencia Fides 27/3/2025)
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