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Manila (Agencia Fides) - En ejecución de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), la policía filipina ha detenido hoy, 11 de marzo, al expresidente Rodrigo Duterte, de 79 años, en el aeropuerto de Manila, inmediatamente después de su llegada desde Hong Kong. Duterte se enfrentará en la CPI a cargos de «crímenes de asesinato contra la humanidad» por la campaña de «guerra contra las drogas» emprendida durante su mandato, que se saldó con la muerte de miles de traficantes y consumidores de drogas.
La orden de detención de la CPI es el resultado de una investigación de años llevada a cabo por la Fiscalía del tribunal sobre la campaña impulsada por Duterte durante su mandato presidencial (2016-2022) y, anteriormente, cuando era alcalde de la ciudad de Davao (1998-2016), en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas.
Durante las comparecencias ante el Senado y la Cámara de Representantes en octubre y noviembre de 2024, Duterte había defendido abiertamente la «guerra contra las drogas» bajo su administración, afirmando que su objetivo era proteger a los jóvenes. El expresidente admitió haber formado «escuadrones de la muerte» (término que él mismo utilizó) para combatir la delincuencia relacionada con las drogas, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como posteriormente en la presidencia.
En aquel período, el Gobierno filipino reconoció al menos 6.600 asesinatos a manos de la policía, pero el número de muertes atribuidas a «grupos parapoliciales» supera, según las ONG, las 20.000. En 2019, Filipinas, bajo la presidencia de Duterte, abandonó la CPI, pero el tribunal, con sede en La Haya, ha declarado que mantiene jurisdicción sobre los asesinatos ocurridos antes de la retirada.
Entre los grupos de la sociedad civil filipina que han presentado denuncias ante la CPI se encuentra la red católica filipina «Rise Up», que reúne a familiares de víctimas, religiosos, sacerdotes, laicos, abogados, comunidades y movimientos eclesiales comprometidos con la promoción de la dignidad humana, la justicia y el bien común. Hoy, el gobierno encabezado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. ha declarado que no bloqueará la investigación ni el interrogatorio de la CPI en el caso de la guerra contra las drogas de Duterte.
En la comunidad católica filipina, «se insiste en la necesidad de rendir cuentas para garantizar que las víctimas y sus familias obtengan justicia y para enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley», señala Daniel Pilario, CM, misionero vicenciano y profesor de la Universidad de Adamson, directamente implicado en la recuperación psicológica y la promoción social de las familias de las víctimas de aquella época de violencia. «Las familias de las víctimas merecen verdad, reparación y justicia. Debemos asegurarnos de que estos crímenes no vuelvan a repetirse», ha afirmado.
Por otro lado, «la detención de Duterte no significa que sea culpable, sino que los crímenes que se le imputan deben ser investigados», ha señalado monseñor Antonio Ledesma, SJ, arzobispo emérito de Cagayán de Oro, en la isla de Mindanao. Allí, explica, el apoyo a Duterte y su familia sigue siendo fuerte: la gente ha salido a las calles tanto en Cagayán de Oro como en Davao para mostrar su solidaridad con el expresidente detenido
La medida, señala el arzobispo -que ahora es presidente de la Fundación para el Desarrollo «Birhen sa Kota» (Nuestra Señora del Muro)-, también forma parte de la lucha política en curso entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y su vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente. Las dos dinastías políticas, que se habían aliado en las elecciones presidenciales de 2022, ahora están en abierto conflicto, justo cuando el país se acerca a la votación de mitad de mandato, en la que se elegirá al Congreso, parte del Senado y las administraciones regionales y municipales. «Esta detención entra de lleno en la campaña electoral y será motivo de enfrentamiento entre facciones opuestas», ha señalado el arzobispo Ledesma. «No se puede ignorar el valor político, además del jurídico, de este acto, que el gobierno de Marcos ha autorizado».
(PA) (Agencia Fides 11/3/2024)
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