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Manila (Agencia Fides) - El estado de «emergencia alimentaria» declarado por el gobierno filipino para contrarrestar la «crisis del arroz» –motivada por una subida extraordinaria de los precios del alimento básico– trasciende lo económico y tiene claras implicaciones políticas. “Estamos en campaña electoral, con elecciones de mitad de mandato programadas para mayo, y la cuestión del arroz está destinada a influir en este contexto. Será utilizada por los políticos para capitalizar el consenso, ya sea a favor o en contra del presidente Marcos”, explica en entrevista con la Agencia Fides el jesuita Antonio Ledesma, arzobispo emérito de Cagayán de Oro, desde la isla de Mindanao.
“En Mindanao, por ahora, existe descontento, pero la gente aún puede adquirir arroz en el mercado. Sin embargo, es una cuestión esencial y vivimos en un equilibrio precario. Muchos agricultores perciben ingresos muy bajos por cultivar arroz para la venta, situación que se agrava con la necesidad de importar este alimento, ya que la producción local no satisface las necesidades internas de Filipinas. Llevamos tiempo sin lograr la autosuficiencia en arroz, y es urgente encontrar medidas que lo permitan. Todas estas cuestiones afectan el bien común y, ahora, al integrarse en la campaña electoral, corren el riesgo de ser instrumentalizadas”, puntualiza el jesuita.
La declaración sobre el estado de emergencia alimentaria se firmó el 4 de febrero y autoriza la liberación de las existencias de arroz de la Autoridad Nacional de Alimentación ("National Food Authority" NFA) para estabilizar los precios y “garantizar que el arroz, alimento básico de millones de filipinos, siga siendo asequible para los consumidores”, como ha declarado el ministro de Agricultura, Francisco Tiu Laurel Jr. Se espera introducir 300 mil toneladas de arroz, es decir, aproximadamente 30 mil toneladas al mes durante un periodo de diez meses, con el objetivo de estabilizar el mercado a precios más bajos.
La NFA comenzará a vender sus reservas de arroz en mercados seleccionados a empresas controladas por el gobierno a un precio de 36 pesos por kilogramo, en comparación con el precio actual, que oscila entre 50 y 60 pesos por kilo. Esta medida beneficiará tanto a los consumidores como a los agricultores locales, al facilitar el acceso a arroz a un coste reducido.
El estado de emergencia para la seguridad alimentaria permanecerá vigente hasta que el Ministerio decida levantarlo. El ministro Laurel ha señalado que los precios de los alimentos se han mantenido elevados a pesar de la caída de los precios mundiales del arroz y de la reducción de los aranceles sobre el arroz importado en julio de 2024. Según la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA), se proyecta que la inflación del arroz alcanzará el 4,2% a finales de 2024, en una tendencia de incremento constante.
Ante esta situación, se han puesto en marcha programas de asistencia social para ofrecer arroz a precios más bajos en centros y puntos de venta, en el marco del programa «Arroz para todos», destinado a ayudar a los filipinos, especialmente a los sectores más vulnerables. En las comunidades católicas, para apoyar la alimentación de los más necesitados, se ha activado el programa «Pondo ng Pinoy», un movimiento contra la pobreza que se inició en la diócesis de Manila en 2004 y que hoy se extiende a 30 diócesis. El mecanismo del movimiento es la fórmula «poco de muchos», que invita al mayor número posible de personas a ahorrar y donar 25 céntimos diarios como gesto de amor y solidaridad hacia los necesitados.
(PA) (7/2/2025)