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Jartum (Agencia Fides) - Una violación del “derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta Constitutiva de la Unión Africana y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Así ha definido el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, la decisión de Kenia de acoger la firma de un acuerdo político entre la milicia terrorista Janjaweed, responsable de los continuos actos de genocidio en Sudán, y sus individuos y grupos afiliados.
El documento, denominado “Political Charter for the Government of Peace and Unity” (Carta Política para el Gobierno de Paz y Unidad), promovida por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) dirigidas por Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, junto con otros actores políticos y militares sudaneses, supone en la práctica la creación de un gobierno paralelo al dirigido por Al Burhan desde Port Sudan. Mientras tanto, la capital, Jartum, sigue siendo un escenario de confrontación entre ambos bandos, aunque en las últimas semanas las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) de Al Burhan han recuperado algunos puntos estratégicos clave.
“Dado que el objetivo declarado de este acuerdo es establecer un gobierno paralelo sobre una parte del territorio sudanés, este movimiento promueve la fragmentación de los estados africanos, viola su soberanía e interfiere en sus asuntos internos”, afirma el comunicado del Ministerio de Exteriores sudanés. “Se trata, por tanto, de una clara violación de la Carta de la ONU, del Acta Constitutiva de la Unión Africana y de los principios fundamentales del orden internacional”.
En su declaración, el gobierno sudanés califica a la RSF de “milicia terrorista Janjaweed”, una expresión que evoca dolorosos recuerdos, especialmente entre la población de Darfur. A principios de la década de 2000, los Janjaweed, aliados del régimen de Jartum, llevaron a cabo una violenta represión de las rebeliones en el oeste de Sudán. Con el tiempo, las RSF evolucionaron a partir de estas milicias y acabaron enfrentándose al propio ejército regular.
Según la nota oficial, al acoger el evento, Kenia se convierte en cómplice de los crímenes de las RSF, incluyendo “genocidio, masacres de civiles por motivos étnicos, ataques a campos de desplazados y violaciones”.
La firma del acuerdo en Nairobi es interpretada como un intento de Dagalo de obtener legitimidad internacional. Tanto las SAF como las RSF están sujetas a sanciones internacionales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el gobierno de Al Burhan mantiene un reconocimiento internacional del que las fuerzas de Dagalo carecen.
La decisión de Kenia debe analizarse en el contexto de las recientes alianzas del gobierno sudanés con Rusia e Irán. Moscú, que inicialmente apoyó a las RSF a través del grupo Wagner, ha cambiado de postura y ahora respalda a Al Burhan, quien, a cambio, ha concedido a Rusia una base militar en el Mar Rojo. Por su parte, Irán, que hace 15 años mantenía estrechos lazos militares con el régimen de Omar al Bashir antes de distanciarse por la presión de Occidente y de algunos estados del Golfo, ha retomado el contacto con Jartum. En la reunión del 17 de febrero entre los ministros de Exteriores de ambos países, Teherán reafirmó su apoyo a la integridad territorial de Sudán y rechazó cualquier injerencia extranjera en el país.
(L.M.) (Agencia Fides 19/2/2025)
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