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Seúl (Agencia Fides) – «Hay una sensación generalizada de inquietud en la sociedad: tras el impeachment y la detención del presidente, existe una sensación de suspensión y de espera por una solución a un conflicto que podría extenderse durante varios meses más. Sin embargo, una cosa está clara: los coreanos tienen la firme intención de defender los logros de la democracia a toda costa», asegura en una entrevista a la Agencia Fides el padre Diego Cazzolato, misionero de la Consolata en Corea del Sur desde hace treinta años y actualmente residente en la comunidad de Dajeon.
El misionero italiano recuerda que «inmediatamente después del anuncio de la ley marcial, se produjo una movilización generalizada en todas las ciudades del país. La población, especialmente los adultos y ancianos, recordó de inmediato los dolorosos sucesos de 1980».
Por aquel entonces, «se instauró la dictadura de Chun Doo-hwan tras el golpe de Estado de diciembre de 1979. En la primavera de 1980, crecieron las manifestaciones de profesores y estudiantes exigiendo reformas democráticas. El gobierno respondió con una represión violenta y extendió la ley marcial a todo el país el 17 de mayo de 1980. Al día siguiente, el 18 de mayo, ocurrió la famosa masacre de Gwangju, donde estalló un levantamiento popular contra la dictadura. La violencia del ejército surcoreano se cobró cientos de vidas: fue una página oscura de la historia nacional».
El padre Diego señala que el recuerdo de esos sucesos sigue siendo significativo y ha resurgido en los recientes acontecimientos. «La población ha revivido aquella pesadilla y hará todo lo posible para evitar que se repita», añade.
Mientras tanto, en la sociedad surcoreana, tras la aprobación de una orden de detención contra el presidente Yoon Suk Yeol por parte del Tribunal Supremo, y su encarcelamiento el 15 de enero, el 19 de enero se ha producido un violento asalto de partidarios del ex presidente al Tribunal de Distrito de Seúl, destrozando el edificio. Con la intervención de la policía, unas 83 personas han resultado heridas y 87 han sido detenidas.
El asalto ha causado conmoción en todo el país y ha sido descrito por la prensa como «uno de los mayores desafíos al poder judicial en décadas», con daños estimados entre 600 y 700 millones de wones (aproximadamente 500.000 dólares). «Los actos de violencia dirigidos contra jueces y procedimientos judiciales no solo constituyen una negación total del Estado de derecho, sino también una afrenta a todas las instituciones constitucionales. Se trata de un asunto extremadamente grave», ha declarado Cheon Dae-yeop, jefe de la oficina administrativa del Tribunal Supremo.
El presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee-dae, ha convocado una reunión de urgencia con los jueces para discutir medidas que impidan la repetición de este tipo de incidentes, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y presentar cargos contra los alborotadores.
En cuanto al caso del ex presidente Yoon, se espera que el Tribunal Constitucional de Corea confirme o anule su destitución antes del 11 de junio.
(PA) (Agencia Fides 21/1/2024)
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